Bravo alerta del riesgo de prescripción de delitos si el Gobierno central no crea nuevos juzgados de lo Penal en la Comunitat

La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha vuelto a reivindicar al Ministerio de Justicia la creación de nuevos órganos judiciales en la Comunitat Valenciana, al considerar que hay riesgo de que puedan prescribir delitos, dada la sobrecarga de casos que padecen determinados partidos judiciales de la Comunitat Valenciana.

LCV. Valencia / 26 de junio de 2017

Gabriela Bravo ha realizado esta reivindicación en Castellón, donde se ha reunido con la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco y, posteriormente, con los máximos responsables de la Ciudad de la Justicia de la capital de La Plana, junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, y el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco.

La consellera de Justicia ha vuelto a reivindicar la necesidad de crear nuevos órganos judiciales, especialmente juzgados de lo Penal tanto en Castellón como en Alicante, ya que existe el riesgo "de que prescriban delitos" porque la carga de trabajo es tan grande que "se están señalando ahora juicios sobre causas de principios de 2015, lo cual es "muy grave".

El pasado mes de enero se volvió a reclamar al Ministerio de Justicia la creación de 18 nuevos órganos judiciales, entre los que destacan los de lo Penal número 5 de Castellón y el número 9 de Alicante -así como el número 4 de Primera Instancia e Instrucción de Nules- sin que, hasta la fecha "el Ministerio haya movido ficha".

La consellera ha reiterado que la situación de la Administración de Justicia es tan preocupante a causa de la "decisión sin precedentes tomada por el anterior Consell de renunciar, como hizo en el año 2011, a poner en marcha los nuevos órganos judiciales". La creación de estos juzgados fue aprobada por el real decreto 876/2011, de 24 de junio y reclamada por el Consell por primera vez en noviembre de 2015 y reiterada en enero de este mismo año.

"En el momento en el que se apruebe el decreto, la Conselleria de Justicia está preparada para poner en marcha estos juzgados con la mayor celeridad", ha asegurado Gabriela Bravo.
Para paliar la "inacción" del Ministerio de Justicia, la consellera Gabriela Bravo ha propuesto a la presidenta del TSJ y al presidente de la Audiencia Provincial que soliciten al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de juzgados bis como solución provisional mientras se crean los órganos judiciales solicitados por la Generalitat desde hace casi dos años.

Juzgados para demandas de las cláusulas suelo

Por otra parte, la consellera de Justicia ha explicado que "tal y como nos temíamos", la decisión del CGPJ de concentrar en un único juzgado por provincia las demandas de reclamación de cláusulas suelo va a provocar que los tres órganos designados "se van a colapsar porque no podrán asumir tal carga de trabajo". Desde que el pasado 1 de junio se puso en marcha esta iniciativa, se han recibido 77 demandas en el de Castellón, 623 en el de Valencia, y 370 en el de Alicante.

El CGPJ estableció que en el caso de Alicante, el juzgado especializado sería el Juzgado de Primera Instancia 5 de la capital. Este juzgado no ha perdido el reparto de los casos ordinarios que ya recibe, por lo que a él se ha adscrito un juez en prácticas en función de sustitución y un letrado de la Administración de Justicia. La Conselleria ha aportado un refuerzo de cuatro funcionarios junto con las instalaciones correspondientes y medios materiales e informáticos.

Para la provincia de Valencia, el CGPJ designó al Juzgado de Primera Instancia 25 de la capital, que ha recibido también un juez en prácticas en función de sustitución y un letrado de la Administración de Justicia, además del refuerzo de cinco funcionarios aportados por la Conselleria de Justicia, junto con las instalaciones correspondientes y los medios materiales e informáticos necesarios.

En el caso de Castellón, se ha especializado el Juzgado de Primera Instancia 6 de la capital, pero sin refuerzos extraordinarios por decisión del CGPJ, que se limitó a ordenar que este órgano judicial no recibiera más casos ordinarios de reparto.

Para Gabriela Bravo, este sistema no ha sido el adecuado y ha reiterado que la propuesta que hizo la Generalitat a finales del pasado mes de mayo hubiera funcionado mejor. La Conselleria de Justicia propuso que se repartieran las demandas sobre cláusulas suelo entre todos los juzgados de primera instancia de las tres provincias valencianas, a los que se les dotaría de refuerzos. Con esta forma de reparto transversal de la entrada de demandas entre los diferentes juzgados se aseguraba su absorción y una correcta distribución de la carga de trabajo.

Este diseño -tal y como ha recordado Gabriela Bravo- "ya se utilizó con éxito para resolver el importante aumento de demandas relacionadas las acciones preferentes de los bancos en el partido judicial de Valencia". Entonces los juzgados contaron refuerzos transversales tanto de magistrados como de letrados de la administración de Justicia y personal dependiente de la conselleria. De hecho, de las casi 18.000 nuevas demandas presentadas en Valencia entre 2013-2016, ya se han resuelto, por sentencia o acuerdo, alrededor de 10.500.

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