El TSJ de la Comunitat mantiene la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo

La Sala de lo Contencioso rechaza el recurso de la Generalitat y mantiene la medida acordada a instancias de la Diputación de Alicante. El Tribunal considera que de no paralizar la aplicación del decreto que regula el uso del castellano y del valenciano en la escuela se causaría un perjuicio irreparable.

LCV. Alicante / 26 de junio de 2017

El TSJ mantiene que la petición del Consell para que el asunto fuera resuelto por el pleno es extemporánea al haberse planteado cuando tres magistrados ya habían resuelto en contra de sus intereses

La Sala rechaza así el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra la medida cautelar de suspensión acordada el pasado mes por el Alto Tribunal Valenciano a instancias de la Diputación Provincial de Alicante.

Los magistrados entienden que, de no suspender temporalmente la norma que regula el uso del valenciano en la enseñanza no universitaria, “al finalizar el ciclo formativo, la acreditación será inferior para los que opten por el castellano (...), y el hecho de que puedan completarla mediante un sistema a determinar evidencia que existe discriminación entre los que opten por el idioma castellano frente al valenciano, que no necesitarán completación alguna para la acreditación de inglés”.

Según el TSJCV, la suspensión del decreto se acuerda porque “existe perjuicio irreparable si se inicia la educación en un nivel y no puede modificarse (por otro superior), debiendo obtenerse el certificado de idiomas del inferior”.

En su resolución, notificada hoy a las partes, la Sala mantiene que “pese a lo que insiste el letrado de la Generalitat, la certificación es diferente para los alumnos que opten por el básico, que siempre obtendrán una certificación inferior que los que lo hagan en el nivel avanzado, y esta diferencia de niveles viene marcada por la enseñanza en castellano o valenciano”.

La Sala rechaza los argumentos expuestos por la Generalitat, que consideraba improcedente la suspensión de la norma basándose en la previsión de que el decreto recurrido sólo entra en vigor en el curso 2017-2018 para la educación infantil, donde no se ha previsto la obtención de ninguna certificación.

El Tribunal considera, sin embargo, “que este argumento no puede aceptarse pues si no entra en vigor inmediatamente tampoco puede perjudicar la suspensión”.

No se convocará Pleno

En el auto se rechaza también la petición planteada por la Administración Autonómica para que el recurso contra la suspensión cautelar del decreto fuera resuelto por el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, es decir por los 23 magistrados que la integran, y no por los tres jueces de la Sección 4ª que ven el asunto.

El Tribunal considera que la petición de la Generalitat es extemporánea. Tras recordar que la convocatoria del Pleno para resolver un asunto es competencia del Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ o de la mayoría de los miembros de la misma, los magistrados señalan que la petición “debería haberse planteado con anterioridad, esto es, al personarse el letrado de la Generalitat” o en el momento en el que se le dio traslado para oponerse a la solicitud de medida cautelar de suspensión planteada por la Diputación, pero “no cuando ya se ha resuelto la medida cautelar de forma no favorable a la tesis de la Administración demandada, intentando modificar la composición del Tribunal que tiene que resolver el recurso de reposición”.

La Sección 4ª de lo Contencioso Administrativo rechaza también la postura de la Generalitat, que entendía que la Diputación de Alicante no estaba legitimada para interponer el recurso contra el decreto. Tras recordar que al principio de este contencioso la Generalitat no cuestionó la legitimidad de la Corporación Provincial alicantina para ser parte en el mismo, concluye que si bien la Diputación no tiene competencias en materia educativa, “tiene un interés legítimo para salir en defensa de los derechos de sus ciudadanos que crea infringidos o menoscabados” porque la Administración Autonómica “no es la única que defiende intereses generales; también lo hace la Diputación actora”.

Los magistrados reiteran que los argumentos expuestos en el auto se refieren “única y exclusivamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso” y señalan que lo acordado ahora en nada prejuzga “lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte”.

La Sección 4ª desestima en otra resolución independiente el recurso interpuesto por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament, que también solicitaba el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo en la enseñanza no universitaria acordada en mayo. La decisión del TSJCV no es firme. Puede ser recurrida.

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