Rajoy y el respeto a las reglas del juego

JESÚS ALONSO

Jesús AlonsoEscuchar a Rajoy cuando afirma con sus habituales balbuceos que hay que respetar las reglas del juego es una invitación a la carcajada. No en vano, si él y su partido se han caracterizado por algo a lo largo de los años es por vulnerar no solo las normas que regulan la convivencia y marcan los límites a partir de los cuales se entra en el territorio de las sombras, sino también por alterar sistemáticamente los preceptos sin valor legal ni consecuencia administrativas que engloba ese sentido común al que con pertinaz empeño alude frecuentemente en franca contradicción con sus actos y decisiones.

Pero oírle reclamar urbi et orbi dicho respeto al código de conducta democrática después de que el fiscal general del Estado –nombrado por el Consejo de ministros que él lidera– llevara a cabo una remodelación de la cúpula del Ministerio Público que incluye el relevo del fiscal jefe de Murcia que ha colocado contra las cuerdas al presidente de aquella Comunidad por presuntos delitos de corrupción tras un sonoro enfrentamiento con su superior jerárquico, que no quería que Pedro Antonio Sánchez fuera acusado, resulta hasta sobrecogedor en un contexto de limpieza étnica orientado, según parece, a llenar la institución de profesionales más cómodos para el Ejecutivo y el PP que lo sustenta.    

No tan sobrecogedor ni alarmante, por supuesto, como atender a las denuncias del defenestrado fiscal sobre las presiones y coacciones políticas que este colectivo que indaga en la podredumbre institucional viene soportando y que, incluso, han llegado a la violación de domicilios para arramblar con cuanta documentación sensible había en su interior. A las graves acusaciones de López Bernal, que según asegura han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General, respondía el ministro del Justicia Rafael Catalá con un escueto «podía haberlo dicho antes». Marca de la casa del émulo del portavoz parlamentario conservador Rafael Hernando con cara de no haber roto un plato en su vida que lo mismo afirma sin ruborizarse que el mayor damnificado por el caso Gürtel es el Partido Popular que sentencia que las responsabilidades políticas en materia de corrupción prescriben si se ganan las elecciones.

Claro que, a lo mejor, con su llamamiento al respeto a las reglas del juego Rajoy estaba pensando en otra partida. Nunca se sabrá si en su fuero interno el singular presidente, muchos de cuyos conmilitones y adláteres actuales o pretéritos (Rodrigo Rato y su banda de asaltantes, verbigracia) se han significado por un desmedido afán por el dinero ajeno, barajaba, por ejemplo, la omertá que impera en las relaciones mafiosas. O a la exigencia de obediencia ciega que puede estar detrás de la remoción de fiscales supuestamente díscolos. Un presidente capaz de exigir la rigurosa observancia de las reglas del juego mientras ampara, primero, y promueve después al más alto escalón de un organismo financiero internacional a un amigo que tuvo que abandonar la cartera de Industria y Turismo tras ser sorprendido en flagrante mentira sobre sus intereses económicos en paraísos fiscales no es un presidente, sino una epidemia.

Un presidente que avala a otro íntimo, le prodiga toda suerte de afectos y llega incluso a patrocinarle como cabeza visible de una comisión parlamentaria de relumbrón al poco tiempo de que quedara demostrado que utilizaba su despacho ministerial para urdir contubernios y tramas de descrédito contra el gobierno catalán –independentista y manicomiable por lo demás, pero legal– no es un presidente, sino un factor de desasosiego para una población hastiada –aunque menos, según han constatado las últimas elecciones y las penúltimas encuestas– que en el batiburrillo judicial actualmente en curso asiste entre perplejo y cariacontecido a un acontecimiento que puede que forme parte de las reglas del juego rajoyanas o no, pero que altera los rudimentos básicos del sentido común. Que un delincuente como Iñaki Urdangarin haya quedado en libertad sin fianza y que pueda seguir residiendo en la confortable Ginebra presentándose una vez al mes ante las autoridades judiciales suizas solo lo supera el hecho de que, encima, tengamos que pagarle a escote la escolta. De las consideraciones que han animado a las magistradas a dictar semejante levedad, mejor no hablar. Al fin y al cabo sus señorías tampoco se extienden cuando aducen que «las particularidades (del marido de la infanta alelada) nos eximen de un pormenorizado análisis». Pues eso: chitón. Que las reglas son la reglas y la familia real, la real familia que, aunque de sangre azul, se nutre de la roja sangre de los ciudadanos. ¿O somos súbditos?

El fiscal Anticorrupción de Baleares dice que pedirá al Supremo una pena mayor para el exduque y cárcel para los cargos públicos de la Comunidad Valenciana que fueron absueltos pese a haber firmado los mismos contratos con el Instituto Nóos que el gobierno isleño. Además, solicitará a los fiscales del TS que recurran la sentencia dictada el viernes pasado. Será porque se va.

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