Al fin, una buena noticia

AGUSTÍN HIDALGO

Agustín HidalgoQue la austeridad mata es un hecho contrastado del que existen sobradas evidencias bien contrastadas en los últimos años, hasta el punto de que ya hace tiempo que está consagrado el término austericidio que imputamos, con razón, a los efectos colaterales de la crisis económica generada por la ambición desmedida de unos pocos, y que incluye el desalojo de muchas familias de sus viviendas, los trabajos precarios o el aumento de los suicidios que, en silencio y sin los titulares mediáticos de otros acontecimientos, superan ya en número a los fallecidos en accidentes de tráfico.

A través de las leyes de austeridad impuestas, el gobierno español se ha convertido en un miembro relevante de la internacional del hambre cuyo objetivo es conseguir una sociedad bipolar en lo económico según la cual un grupo de ricos cada vez más ricos necesita un número creciente de pobres cada vez más pobres que trabajen por sueldos de hambre para que aumente la riqueza de los ricos. La teoría la mantiene el grupo de economistas con mando en plaza en occidente, buena parte de los cuales ejercen en prestigiosas universidades privadas de países orgullosamente capitalistas, la ejecutan las estructuras de poder a su servicio (Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio…), la sufren los ciudadanos que no han nacido en la abundancia y la analizan los sociólogos.

Los recientemente fallecidos Zygmun Bauman y Tzvetan Todorov se han hecho eco de la falacia de las teorías sociales de los economistas neoliberales y de las sociedades surgidas de sus postulados. Uno de ellos, Bauman, tituló uno de sus libros con el interrogante ¿la riqueza de unos pocos beneficia a todos? En alusión a la cantinela repetida hasta la saciedad de que un grupo fuerte poseedor de riqueza invertirá en la creación de más riqueza y que de ello, inevitablemente, se beneficiará la sociedad porque podrá acceder a los puestos de trabajo generados. Henchidos de este fervor llegó el gobierno del PP al poder a finales de 2011 y proclamó a los cuatro vientos que los recursos del Estado se destinarían a corregir los errores de la banca y de las empresas financieras, a otorgar herramientas para la liberalización de la acción empresarial en la gestión del empleo, y a malvender los servicios públicos al mejor postor que otorgara el peor precio a la mejor donación a las fundaciones de los partidos (en estas políticas han rivalizado el gobierno central y los autonómicos según vamos viendo) porque sólo los empresarios crean empleo.

Como nunca hay fondos suficientes para satisfacer la voracidad de estos depredadores sociales, fue necesario prescindir de bocados crecientes de servicios públicos muy sociales. Y así, se inició o se profundizó en el proceso de desmantelamiento de la sanidad y los servicios sociales, se incrementaron los precios asistenciales y de los medicamentos (además, unos 400 medicamentos fueron desfinanciados) y los enfermos (la mayoría jubilados) se vieron obligados a algo tan terrible como tener que dejar de adquirir y tomar algún tratamiento porque no podían pagar el precio de los medicamentos.

Sin embargo, la sensibilidad de algunos gobiernos que van surgiendo de la oposición ciudadana a tanto despropósito, van adoptando algunas medidas paliativas tendentes a hacer más llevadera la vida de sus conciudadanos, a rescatarla de la situación a la que le ha llevado un gobierno austericida. Por eso, es tan importante que el Gobierno de la Comunidad Valenciana haya acudido al rescate de su ciudadanía con ayudas para afrontar los copagos farmacéuticos de los enfermos y para recuperar el control de la sanidad pública. Una buena noticia al fin, que aplaudimos y animamos a implementar.

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