Un fiscal en su paraíso (fiscal)

JESÚS ALONSO

Jesús AlonsoLa vieja táctica de la «voladura controlada» es la que empleó el fiscal Anticorrupción Manuel Moix para intentar desactivar los efectos de la investigación publicada por Infolibre, según la cual el favorito del encarcelado expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para ocupar el cargo, tal y como consta en la conversación que mantuvo con el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, posee el 25 por ciento de la empresa Duchesse Financial Overseas radicada en el paraíso, también fiscal, de Panamá. Nada más conocer que la noticia iba a ver la luz y tras rechazar los reiterados intentos del director del periódico digital de conocer su versión acerca de unos hechos que sitúan a Moix como copropietario junto a sus tres hermanos del chalet que heredaron de sus padres y que es propiedad de la compañía que ambos crearon en 1988 presuntamente para ocultar su titularidad, el fiscal se dirigió a un medio de la competencia para dar respuestas cómodas allí, siempre al socaire de la artificiosa muletilla «fuentes de», a las preguntas que no quiso responder al diario denunciante.

Lo de «responder a las preguntas» es una concesión graciosa del arriba firmante. En sus declaraciones justificativas, el fiscal reprobado por el Parlamento aduce que la sociedad en cuestión está declarada a Hacienda y que no ha sido disuelta desde que la vivienda pasó a manos de la descendencia porque los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por alguno de sus hermanos, según recoge el medio de comunicación intermediario. También alega que se pagaron los impuestos sucesorios, que barajaron disolverla pero que ante la imposibilidad de hacerlo por falta de liquidez Moix planteó renunciar a la cuarta parte que le correspondía a favor de sus hermanos, pero que el trío restante no lo aceptó porque hubieran tenido que asumir más gastos por el mantenimiento de la finca ubicada en Collado Villalba y valorada en su momento en más de medio millón de euros; que nunca ha sido ocupada por los legatarios ni alquilada, por lo que no ha generado rentas. Y, en fin, que Moix no ha intervenido jamás en el control de una sociedad que no ha llevado a cabo actividad mercantil alguna, excepción hecha de la posesión patrimonial de la casa.

Vale. Al margen del método utilizado para responder, la retahíla de razonamientos puede ser hasta aceptable para aquellos capaces de creer que una familia supuestamente instalada en la parte alta de la sociedad pueda declararse insolvente a la hora de asumir dinerariamente los costes de disolución de la empresa. Si me apuran, hasta la diligencia burocrática manifestada en su pliego de descargos merecería la reverencia pública siempre y cuando, por supuesto, se ajustara a la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero, claro, resulta que el fiscal, además de representante del Ministerio Público per se, o sea, de ser el ariete nominal en la defensa de los intereses generales, opera en un ámbito tan extenso y proceloso, y tan puesto en tela de juicio por su aparente connivencia con el Gobierno de Rajoy, como el de Anticorrupción. Júntense en una vaso «fiscal Anticorrupción» y «paraíso fiscal», añádase unas gotas de desconfianza general, tres sifonazos de hastío, asombro al gusto y verá que mierda de cóctel le sale. Si lo decora con una sombrillita caribeña, peor que peor.

Moix puede decir misa en arameo, pero el brebaje con el que nos quiere hacer comulgar tiene un retrogusto que deja un aliento pestilente. Sus principales ingredientes no maridan ni aunque se les añadan toneladas de pimienta para disimular la contradicción.

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