La Justicia declara a Rajoy corrupto y mafioso al PP

JESÚS ALONSO

Jesús AlonsoUn Pinochet envejecido y con un ay impreso en el rostro descendió en silla de ruedas del avión que le había trasladado desde Londres tras más de quinientos días de «exilio» interior en la embajada de Chile reclamado por el magistrado Baltasar Garzón por delitos de terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Nada más pisar tierra en el aeropuerto de Santiago se incorporó y, feliz como si acabara de ametrallar una manifestación, abrazó a sus incondicionales hecho un pimpollo. El expresidente peruano Alberto Fujimori recurrió a su delicado estado físico como argumento para intentar salir de la celda en la que estaba confinado por corrupción y delitos de lesa humanidad. Salvando las distancias geográficas y la gravedad de los hechos imputados, pero no la estrategia, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi apeló a su precario estado de salud para que el juez le eximiera de estar de cuerpo presente en las sesiones de la causa abierta contra él por supuesto fraude fiscal y cohecho impropio.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra también adujo otra enfermedad –ésta incurable: la vejez– para obtener beneficios después de ser condenado por evasión fiscal. El exalcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo esgrimió igualmente la salud o, mejor, su ausencia, para tocar el corazón del juez de vigilancia penitenciaria con el fin de que aliviara su condena por prevaricación y falsedad documental. Enferma estaba, según aseguró la defensa de la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, presa desde esta misma semana, cuando el tren de la Gürtel la arrolló. Y pleno de padecimientos se declaró el exalcalde de Marbella Julián Muñoz para salir de su reclusión e irse a bailar sevillanas a continuación en una discoteca hasta altas horas de la madrugada.

Ahora los abogados del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, acusado de blanquear en paraísos fiscales entre diez y veinte millones de euros procedentes presuntamente de las comisiones percibidas durante el ejercicio de su cargo, sacaron a pasear el cáncer que sufre para que no entrara en la trena. Petición que ha rechazado la juez decretando su confinamiento en Picasent sin fianza tal y como quería el fiscal Anticorrupción, que tal vez entendió que si el exministro de Trabajo había tenido durante los últimos años las fuerzas suficientes para maquinar ingenierías orientadas a traerse el dinero opaco supuestamente robado a sus paisanos sin pasar por el filtro de Hacienda, bien podría soportar una estancia más o menos prolongada en un establecimiento perfectamente acondicionado, con tres comidas al día, cama, letrina, patio de juegos y enfermería. O sea que si los ladrones iban a la oficina en aquella serie televisiva de los noventa, los corruptos presuntos o constatados, los sinvergüenzas, los indecentes y demás fauna que puebla el medio ambiente patrio, comunitario y extracomunitario, acuden al médico de cabecera para que les extienda el volante del especialista y les actualice el historial antes de sentarse ante su señoría.

Mariano Rajoy jura el cargo en 2016No es que nos alegremos de los problemas de salud ajenos, no. Ni mucho menos. Eso sería de miserables. Igual que es de cobardes y miserables hurgar en el músculo cordial para encontrar la fibra sensible que activa la conmiseración y despierta la propensión a la clemencia cuando pintan bastos. Uno estaría dispuesto a darle masajes de autoestima a Zaplana en el gimnasio del presidio para atenuar su dolor a condición de que él, como tantos otros de los mencionados, que son solo botones de muestra, echaran cuentas para hacerse una idea aproximada del daño que su codicia ha causado en la sociedad a la que se debían, la que les había dado su voto en la confianza de que lo iban a utilizar como capital intangible puesto a plazo fijo con el único objetivo de procurar el bienestar general. No se trata ya de que cumplan con la obligación de devolver el dinero –pero todo el dinero con sus intereses correspondiente– esquilmado, sino de que se paren a evaluar cuánta gente se habrá quedado por el camino, cuánta no habrá podido siquiera iniciarlo para llegar hasta dónde deseaba y cuanta habrá que, quizás, haya perdido la vida por culpa de una ambición sin freno que ha convertido el territorio en un erial. Nombre, por cierto, con el que bautizó la UCO la operación en la que fue detenido Zaplana y parte de su camarilla de salteadores de caminos, canales y puertos.

Después de la detención del exalcalde de Benidorm, su homólogo de Alicante Luis Barcala dijo que le daba «asco» la acumulación de casos de corrupción y metió en el mismo saco tanto los protagonizados por sus conmilitones como aquellos otros que afectan a las demás formaciones políticas. Pues bien, ahora que la Audiencia Nacional ha condenado al PP por financiarse de manera ilegal y que ya se puede señalar formalmente al mismísimo presidente del Gobierno como el capo di capi habida cuenta de que él era el mandamás mientras se perpetraba el latrocinio (como en sus orígenes lo fue Aznar) habría que preguntarle si el asunto le sigue pareciendo repugnante hasta el punto de abandonar el cargo en señal de repulsa o si se trata solo de una pose. Y sobre todo, debería responder si, como el patético portavoz parlamentario Rafael Hernando, opina que la formación en la que milita podría haber llegado a semejante nivel de degradación sin contar con la complicidad, la acción, la tolerancia o la omisión de un abultado número de dirigentes, concejales y alcaldes entre ellos. La teoría post mortem de que la condena es casi una absolución seguida del nadie sabía nada de rigor sería hilarante si no fuera porque estamos enfermos de tanto cachondeo.

Dada la acumulación de evidencias, las valoraciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las calificaciones fiscales, las resoluciones judiciales y, lo más importante, la sensatez, sospechábamos que el PP era un partido corrupto desde antes de su fundación. La Justicia ha elevado ahora los abundantes indicios a certeza única. ¿Se requiere algo más para que la oposición traduzca el hartazgo ciudadano en cierre de filas y envíe adonde corresponde mediante una moción de censura a esta organización criminal –la expresión proviene del ámbito de los tribunales– y, por lo tanto, ilegalizable? ¿O van a continuar haciendo el ridículo en todo el orbe y permitiendo que nos gobierne un desalmado y embustero tramposo (lo afirma la sentencia de la pieza principal del caso Gürtel) sobre cuya cabeza penden aún muchos más escándalos y al que si le quedara un mínimo de dignidad sabría lo que debe hacer? Es una pura cuestión de higiene democrática.

Comparte este contenido:

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar