Compromís pide cambios normativos para erradicar a los trileros de Benidorm y que se les trate como estafadores

Carles Mulet, senador de CompromísCompromís ha trasladado al Senado una moción en la que se reclama reformas legislativas para catalogar la actividad del trile como delito de estafa en el Código Penal, endureciendo las sanciones y poder luchar contra esta actividad prohibida y situada al margen de la Ley de forma efectiva. LCV. Benidorm / 15 de marzo de 2017

Por otro lado se insta al Gobierno a colaborar con las administraciones locales y autonómicas afectadas por este fenómeno, en las necesarias campañas informativas preventivas destinadas a las potenciales víctimas de esta actividad y de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos. Por último reclaman involucrar en la problemática al Consejo de Políticas del Juego para que, dentro de sus competencias desarrolle normativa de protección de la ciudadanía y lucha contra el juego ilegal o no previsto en la Ley, en coordinación con la Comisión Nacional del Juego, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y las comunidades autónomas competentes en materia de juego.

"El fenómeno de los "trileros" continua presente en buena parte de nuestra geografía y, en especial, en las zonas turísticas donde se ceba especialmente con los y las turistas, transmitiendo una imagen letal de cara al extranjero, que no somos un destino seguro y agradable", ha señalado el senador territorial, Carles Mulet que ha recogido la petición de los representantes de Compromís en Benidorm. Por su lado Josep Bigorra, edil de la coalición en Benidorm, ha indicado que "la falta de una legislación que tipifique esta práctica como un delito de estafa y por lo tanto con repercusión penal, da impunidad a quienes la continúan practicando, por eso hemos reclamado a nuestros compañeros del Senado que realicen esta petición, ya que al parecer la primera limitación para abordar este engaño parte de nuestras propias leyes".

La Guardia Civil define el trile como una estafa, que consiste en incitar al público a participar, mediante apuestas de dinero, en juegos de habilidad que, aparentemente, permite grandes posibilidades para el que participa y que se ofrecen en plena vía pública, sobre una pequeña mesa. El juego más utilizado consiste en descubrir en qué lugar se esconde una bolita que es tapada por una chapa o vaso. Para que el juego parezca más fácil, en torno a la persona que mueve las chapas o los vasos (el que dirige el juego), hay uno o varios "falsos jugadores" (ganchos), los cuales ganan dinero fácilmente de acuerdo con la persona que mueve las chapas. Al principio, se deja ganar a la persona que inicia el juego, para que, animado por el éxito, juegue una cantidad importante. La mano es más rápida que la vista, por lo que cuando la cantidad es importante, la víctima pierde irremisiblemente su dinero. Es frecuente en ferias y mercadillos.

El artículo 248 de Código Penal determina que incurre en un delito de estafa aquella persona que, con la intención de obtener un beneficio, influye en otra utilizando el engaño haciéndole incurrir en un error que lleva a la víctima a realizar un acto de disposición sobre su patrimonio que le ocasiona un perjuicio económico a sí misma o a un tercero. En el trile no existe el factor suerte, sino que solo se gana si los trileros quieren, al influir en el juego con argucias. En ocasiones, los detenidos o denunciados son insolventes y repelen por tanto las sanciones económicas. En otras, existe un celo por evitar los incrementos estadísticos en el número de delitos, por lo que se camuflan estos casos como infracciones administrativas.

No obstante, al tratarse el importe de esta estafa del trile cantidades que casi nunca superarían los 400 euros, solo pueden ser tratados como falta y no como delito; sin que se pueda ni detener a los estafadores. Hay por lo tanto que considerar esta práctica como un delito; se trata de una actividad organizada y reincidente por lo que le sería atribuible el artículo 570 bis del Código Penal, en tanto que organización criminal, con penas de cuatro a ocho años de prisión.

Se han venido anunciando reformas del Código Penal para dar solución a esta situación, y que esta actividad sea considerada un delito, aunque nunca se han llevado a cabo inexplicablemente tales pretensiones. Hasta hoy la única solución es la desesperante acción policial hacia los operadores clandestinos, con el ánimo de que acumulen faltas y así poder ser acusados de delitos por desobediencia continuada. La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego no otorga a la Comisión Nacional del Juego un papel determinante en la erradicación de estas prácticas, por lo que persisten impunemente, cuando deberían evitar fines fraudulentos.

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