Pedro Sánchez anuncia la convocatoria de elecciones para el domingo 28 de abril

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una declaración oficial ante los medios de comunicación que, previa deliberación del Consejo de Ministros, ha propuesto la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales, para el próximo día 28 de abril. Sánchez esta misma mañana ha comunicado la convocatoria al Rey.

LCV. Madrid / 15 de febrero de 2019

Sáchez ha comparecido pasadas las diez de la mañana en la Moncloa para anunciar su decisión. En el transcurso de su alocución hizo una defensa de la gestión llevada a cabo en estos ochos meses y medio de legislatura y arremetió contra la oposición, a la que tildo de nada dialogante, por el bloqueo a los Presupuestos Generales del Estado, que tildó de sociales, cuyo devolución al Congreso ha propiciado su caída después de que los independentistas catalanes los impuganaran en su totalidad.

Tras el anunció respondió por primera vez en varias semanas a las preguntas de los periodistas pese a que al principio se dijo que no estarían permitidas.

Declaración Institucional

"Quisiera comenzar esta intervención compartiendo con los españoles una íntima convicción, y es que una de las responsabilidades de la Presidencia del Gobierno es ofrecer a los españoles un horizonte. Un futuro que conquistar. Un modelo de sociedad que construir. Y hacerlo explicando las razones, los argumentos, los porqués del horizonte propuesto, de las decisiones que se toman desde el Ejecutivo.

Y esto es lo que pretendo hacer en esta declaración.

Hace casi nueve meses se abrió paso la primera moción de censura en la historia democrática en nuestro país. Los porqués que llevaron a hacerla prosperar los conocen todos los españoles y todas las españolas. El partido que entonces sustentaba al Gobierno fue condenado por financiación irregular y por enriquecimiento ilícito. Aún hoy se siguen investigando, y se siguen juzgando ante los tribunales las diversas ramificaciones de esa red de corrupción.

Hace casi nueve meses, España sufría un Gobierno que estaba más pendiente de defenderse ante los tribunales que de defender el interés general de los españoles. Un Gobierno acosado por la corrupción, y sumido en una parálisis legislativa. Un Gobierno que no atendía a las urgencias sociales que sufría y sufre buena parte de la ciudadanía de nuestro país.

La no asunción de responsabilidades políticas por el partido entonces en el Gobierno y, también, de su principal apoyo parlamentario llevó a que la mayoría del Congreso de los Diputados apoyara el cambio de Gobierno con una moción de censura. Y lo hizo legítimamente. Lo hizo al amparo del artículo 113 de la Constitución Española. Artículo que dota, --y quiero además volver a subrayarlo--, de legitimidad democrática y constitucional la conformación de un Gobierno salido de la moción de censura. Elegido por la mayoría de los escaños del Congreso de los Diputados que son elegidos, a su vez, por su voto por parte de los ciudadanos y ciudadanas en una democracia que, --no olvidemos--, es una democracia parlamentaria. Conviene recordarlo. Nunca olvidarlo.

Como conviene también recordar que este artículo constitucional exige que la naturaleza de la moción de censura sea constructiva. Y me parece importante quedarme y subrayar, aunque sea por unos segundos, esta característica. Tiene que ser constructiva, porque con ello se permite dotar de estabilidad, de certidumbre, de confianza a nuestro sistema político.

No se vota echar a nadie. Lo que se vota es la conformación de un nuevo Gobierno, con su programa de Gobierno. Y eso es lo que se produjo en junio del año pasado.

Esto es lo que hicimos: respetar la letra y el espíritu de la Constitución Española. Constituir otro Gobierno y ofrecer otra alternativa, otro horizonte, necesario, por otra parte, a nuestro país.

Nombramos un Gobierno de personas capaces, de personas que son referentes sociales y referentes también internacionales en sus ámbitos de responsabilidad. Un Gobierno, en definitiva, abierto. Un Gobierno no partidista. Un Gobierno dispuesto a consensuar con el diferente, --necesario en nuestro país: el consenso, el acuerdo, y no la crispación--. Un Gobierno con una clara vocación europeísta, de convicciones progresistas. Un Gobierno de izquierdas, con compromiso social, y con el mayor número de mujeres de todos los países de la OCDE sentadas en su Consejo de Ministros.

A todos ellos y a todas ellas les doy las gracias por su compromiso y por su trabajo tan intenso durante estos meses.

Un Gobierno que tenía una firme convicción: gobernar para la mayoría, unir a los españoles, y no enfrentarlos. Por encima de las ideologías, unir a los españoles. Dar una respuesta colectiva a los desafíos que como sociedad tenemos por delante: la digitalización y la revolución tecnológica, el empleo y el impulso empresarial, el cambio climático y la despoblación, la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar. La fortaleza de nuestras instituciones democráticas, y, singularmente, del Estado Autonómico, la igualdad de género, la lucha contra todo tipo de desigualdad y de exclusión social. La educación de nuestros hijos, la salud de nuestros seres queridos y las pensiones de nuestros mayores.

El horizonte hacia el que avanzar que propusimos entonces a los españoles se resume en tres ejes: el primero, la consolidación del crecimiento económico que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, y la creación de empleo digno. Ese es el primero de los ejes. El segundo, la reconstrucción de nuestro Estado de bienestar para redistribuir los frutos del crecimiento y, finalmente, reforzar nuestras instituciones democráticas.

Fruto de este intenso trabajo, y me gustaría, además, subrayarlo, porque es la primera vez que fructifica y prospera una moción de censura y, desde el minuto uno pusimos en marcha toda la maquinaria del Estado, no solamente para que España no se parara, sino que también reorientara muchas de sus políticas hacia opciones y políticas de contenido progresista y social. Fruto de ese intenso trabajo, en poco más de ocho meses de Gobierno y tras años de parálisis, se han aprobado en las Cortes Generales 13 Leyes y se han aprobado más de 25 Reales Decretos-ley. Se han traspuesto Directivas que dormían el sueño de los justos, y cuyo incumplimiento en la trasposición amenazaba al erario público. Y se ha recuperado la presencia europea e internacional de España, que hacía falta.

Para consolidar el crecimiento y la creación de empleo, que era el primero de los ejes, el Gobierno aprobó al principio un Plan de Empleo digno que ha transformado en contrataciones indefinidas más de 50.000 empleos precarios.

Se ha aumentado en un 22% el Salario Mínimo Interprofesional acercándonos a los objetivos marcados por la Carta Social Europea. Se mejoró el grado de protección del colectivo de los trabajadores autónomos, que representa a más de tres millones de hombres y de mujeres en nuestro país.

Se han movilizado, también, políticas y recursos económicos para los pequeños y medianos municipios y llenar de oportunidades laborales la España vacía. Se han impulsado medidas para la transición ecológica de nuestro sistema energético, fundamental, para luchar contra un desafío global, como es el del cambio climático. Se ha derogado el impuesto al sol. Se han comprometido recursos para luchar contra la pobreza energética.

Se aprobó también una nueva Ley Hipotecaria, se ha dinamizado el sector de la ciencia, que ha sido vilipendiado durante siete años de la anterior Administración. Se han impulsado las inversiones en infraestructuras que eran necesarias para nuestro país, y se ha reafirmado el compromiso no solamente de este Gobierno sino también del conjunto de la sociedad por la reindustrialización, el sector primario y la creación artística y cultural.

Esta política económica se complementó con un compromiso firme con el saneamiento de nuestras cuentas públicas, y el resultado de esta política económica, que es rigurosa, pero no exenta de compromiso social, ha hecho que el crecimiento económico en España sea robusto, mayor que el de las principales economías europeas, y que el año 2018 se haya cerrado con unas tasas de creación de empleo muy semejantes a las que teníamos en niveles precrisis en nuestro país.

El segundo objetivo era que los frutos de ese crecimiento se redistribuyeran a la mayoría social de nuestro país. España es un país que si tiene un problema fundamental es la desigualdad. La desigualdad social, la desigualdad de género, y, también, la desigualdad intergeneracional. Hay mucha gente joven que sufre la falta de oportunidades, la precariedad, y las dificultades para poder emanciparse. Por tanto, no es útil, ni es justo, un crecimiento que no se redistribuye ante el conjunto de la sociedad.

El objetivo, por tanto, que nos propusimos fue reconstruir el Estado del bienestar. Por ello, recuperamos la universalidad de la sanidad pública. Garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones. Revertimos los recortes educativos, las becas. Impulsamos el pacto de Estado contra la violencia de género. Reconocimos el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían reconocido. Impulsamos una nueva Ley de lucha y de protección de los menores ante cualquier caso de abuso o de violencia. Reforzamos los recursos en la lucha contra la pobreza infantil, que afecta al 28% de los niños y niñas en nuestro país.

Nos comprometimos con la Agenda 2030, y reforzamos la legislación civil y procesal en materia de discapacidad ante enfermedades, también, que afectan a personas de mayor edad.

Y el tercer objetivo consistió en reforzar nuestra democracia, nuestras instituciones. Lo que se dice que es la regeneración democrática. No solamente poniendo en pie un Gobierno abierto, un Gobierno ejemplar, poniendo fin a un Gobierno asediado, como he dicho antes, por la corrupción, sino que planteamos, también, garantizar una Radiotelevisión Española pública objetiva y plural. El impulso a la Memoria Histórica, y dar cumplimiento al mandato parlamentario, y mandato legal de la Ley de Memoria Histórica de exhumar al dictador del Valle de los Caídos.

La creación, también, de una nueva autoridad macroprudencial que supervise y dé respuesta a futuros desmanes en el sector financiero que tanto han afectado a la clase media y trabajadora en nuestro país. O el impulso de dos reformas constitucionales que han sido largamente pedidos y demandados por la sociedad y determinados colectivos.

Una reforma constitucional para acabar con los aforamientos de los políticos, y una reforma constitucional para dejar de hablar y de llamar a las personas con discapacidad o con distintas discapacidades "disminuidos físicos, psíquicos, o sensoriales" que es como ahora mismo está tasado en nuestra Constitución.

No quiero olvidar en este punto el refuerzo del Estado con la mayor Oferta Pública de Empleo de la década, que se ha puesto en pie durante estos ocho meses de Gobierno, y la subida salarial de los empleados públicos que ha hecho el Gobierno. Y, por supuesto el refuerzo del Estado autonómico impulsando las conferencias sectoriales entre el Gobierno y los distintos Gobiernos autonómicos recogidas en los Estatutos y que, desgraciadamente, durante estos últimos siete años habían sido abandonadas por el anterior Gobierno.

La voluntad del Gobierno ha sido siempre la misma: la que ha caracterizado al Partido Socialista y a mi persona cuando he estado como líder de la oposición. Y, hoy, como presidente del Gobierno.

Nosotros, dentro de la Constitución y de la legalidad, estamos dispuestos a hablar, a dialogar, y a encontrar una solución. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada.

Eso lo han sabido todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos y lo sabe también la oposición. La única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace ocho meses, antes de la moción de censura, es que antes el Gobierno del Partido Popular contó con la lealtad institucional y el apoyo inequívoco del Partido Socialista Obrero Español, y de mi persona. En cambio, hoy, por desgracia, en estos ocho meses de Gobierno no hemos contado con la lealtad, no al Gobierno, sino al Estado, de la oposición conservadora.

Por tanto, consolidación del crecimiento y de la creación de empleo. Reconstrucción del Estado de bienestar, porque es importante crecer, pero sobre todo lo es redistribuir el crecimiento y mejorar la calidad democrática de nuestro país con las instituciones y, en particular con el Estado.

Y todo ello, insisto, se ha materializado en más de una veintena de Reales Decretos-leyes, y 13 Leyes que a mí me parece que han hecho mejorar a España, sin duda alguna. Que ha situado a nuestro país en mayores cotas de crecimiento, de justicia social y de ejemplaridad. Y todo ello, --insisto-- en poco más de ocho meses.

Pero junto a lo logrado, --que ha sido mucho, y creo que ha sido importante para este país--, debo recordar lo bloqueado. Lo paralizado. Lo bloqueado y lo paralizado, no por una falta de mayoría parlamentaria, que existía, sino por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios. Por una oposición que no ha atendido a razones, que está alejada de los parámetros del sentido común, y de la moderación que se exige si uno quiere liderar la oposición. Que no ha antepuesto, en definitiva, el interés general. Habrá antepuesto otros intereses, pero desde luego no el interés general. Que ha bloqueado leyes importantes, muy importantes, en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Muy importantes para el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, con independencia de a quién voten en los procesos electorales.

Se ha bloqueado, por ejemplo, la tramitación de la Ley de Eutanasia. Se ha bloqueado, también, la derogación de la Ley Mordaza. Se ha bloqueado también, la derogación de la Reforma Laboral. Se ha bloqueado también, la modificación del voto rogado para permitir la participación de los españoles que viven en el extranjero. Se han bloqueado también leyes importantes como la igualdad laboral, o la lucha contra la brecha salarial. Se ha bloqueado también la tramitación de la Ley sobre bebés robados. Las prácticas académicas universitarias externas. La pobreza energética, la protección a los desempleados. La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para garantizar que no hay merma de poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas.

Todo esto se ha bloqueado, se ha paralizado no porque no hubiera una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante, sino por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular y de Ciudadanos que contaban con una mayoría en la Mesa del Congreso.

Y, finalmente, el bloqueo a la tramitación de unos Presupuestos sociales y quiero subrayarlo, unos Presupuestos sociales, después de siete años de injusticia social, de austeridad, de recortes del Estado de bienestar. Y como resultado de desigualdad y de falta de oportunidades para colectivos hoy más vulnerables como consecuencia de estos intereses partidarios.

Unos Presupuestos sociales que hubieran revitalizado, por citar algunos ejemplos, nuestro sistema nacional de dependencia, que ha sido abandonado durante siete años de Gobierno del Partido Popular, la protección por desempleo a los parados de larga duración de más de 52 años, las políticas de vivienda, y, sobre todo, las políticas de alquiler para que los jóvenes se pudieran emancipar mucho antes, a edad temprana. La educación, con un impulso a las becas. La Formación Profesional, el empleo juvenil, el impulso a la ciencia y el retorno del talento que ha salido como consecuencia de los recortes durante estos últimos años de crisis. La transición justa de nuestra economía apoyando aquellas comarcas que van a estar afectadas como consecuencia de ese desafío enorme que representa el cambio climático, y el cambio, en consecuencia, de nuestro sector energético. Unos Presupuestos que hubieran reducido también la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas.

En definitiva, unos Presupuestos buenos para los españoles. Buenos para los españoles y buenos para todos y cada uno de los territorios de nuestro país.

Con todos, sí quiero trasladar algunos mensajes a la ciudadanía española. Con todo, y pese a que no haya presupuestos, porque así lo ha decidido la oposición, quiero trasladar que la revalorización de las pensiones de nuestros jubilados, que ha sido comprometida por el Gobierno de España, que el alza del Salario Mínimo Interprofesional, y que el aumento del sueldo de los empleados públicos que ha aprobado el Gobierno de España con o sin Presupuestos están garantizados. Están garantizados. Este es el compromiso del Gobierno de España. Y vamos a cumplir con ese compromiso.

Después de casi nueve meses de avances y de transformaciones buenas para los ciudadanos el Gobierno esta semana, y España, también, esta semana nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los Presupuestos más sociales de la última década en nuestro país. Y, por tanto, si son los más sociales, los más necesarios en nuestro país.

Y la disyuntiva que se nos plantea es clara, como Gobierno. Y a mí como presidente del Gobierno: o continuar gobernando con unos Presupuestos que no son los nuestros, y que incumplen las exigencias sociales que necesita nuestro país, o bien, creer, como creo, que España no tiene un minuto que perder. Que España necesita avanzar. No dar pasos hacia atrás. Que España necesita empezar todo su esfuerzo y todas las energías colectivas en abordar las grandes transformaciones que necesitamos si queremos construir la España que queremos.

Entre las dos opciones: no hacer nada y continuar sin Presupuestos o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda.

España debe continuar avanzando. Debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto. Desde la moderación y el sentido común. Excluyendo la política de la crispación. Creciendo y creando empleo de calidad, redistribuyendo la riqueza. Consolidando y reconociendo no los derechos y las libertades que hemos logrado durante estos últimos 40 años, sino también ampliando la capacidad y el perímetro de esos derechos y de esas libertades, fortaleciendo la cohesión social y la cohesión territorial como único garante para conservar y preservar la unidad de España.

Por este motivo, les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las Cámaras y la convocatoria de Elecciones Generales para el día 28 de abril.

He comunicado a SM el Rey esta decisión, y, como saben, de acuerdo a lo establecido en el Art. 115 de la Constitución Española, tanto la propuesta de disolución de las Cortes, como la fijación de la fecha de celebración que les he anunciado a todos los españoles y españolas, se materializarán, como no puede ser de otra manera, mediante un Real Decreto-ley que será publicado en el BOE en tiempo y forma.

Estoy convencido de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía. De que es posible recuperar la tolerancia, el respeto, el sentido común, la moderación y dar la espalda a la crispación en nuestro país.

España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político. Es de los españoles. España es suya. Y ahora, ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos.

En la próxima legislatura deberemos consolidar la España de la próxima década. Y de una nueva generación. La España que gobernarán los jóvenes, hombres y mujeres de hoy. La decisión, como siempre ha sido, está en las manos de las españolas y de los españoles. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas, y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto".

 

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