El Gobierno acuerda que los restos de Franco seen enterrados el 10 de junio en El Pardo

Carmen Calvo, vicepresidenta del GobiernoEl Consejo de Ministros ha concluido el procedimiento para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha establecido su reinhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (Madrid).

LCV. Madrid / 15 de marzo de 2019

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha anunciado que la reinhumación de los restos del dictador Francisco Franco se realizará el día 10 de junio, por la mañana, en el Panteón de Mingorrubio-El Pardo, que es de titularidad estatal, reúne las condiciones idóneas de seguridad y es adecuado para recibir con decoro y respeto unos restos mortales. Además, ha recordado que los restos de la esposa del dictador están enterrados allí.

Calvo ha explicado que el Ejecutivo ha decidido esta fecha para que no coincida con los procesos electorales del 28 de abril y del 26 de mayo y porque ha concluido el procedimiento que se inició con el Real Decreto-ley 10/2018 y el acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018. Asimismo, ha subrayado que la decisión es "legal y de obligado cumplimiento".

El Consejo de Ministros acordó el pasado 15 de febrero conceder a la familia un plazo de 15 días para que decidiera el destino de los restos de Franco, si bien argumentó que no podrían ser enterrados en la Catedral de la Almudena por una razón de orden público y porque se incumpliría la Ley de la Memoria Histórica.

La vicepresidenta ha señalado que dado que la familia no ha propuesto un sitio alternativo viable, el Ejecutivo ha decidido la fecha y el lugar, tal y como establecía el acuerdo de febrero.

Carmen Calvo ha avanzado que en el proceso de exhumación, traslado y reinhumación de los restos se respetará el derecho de los familiares del dictador a estar presentes y, si lo desean, podrán organizar una breve e íntima ceremonia de reinhumación. Además, ha asegurado que se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido y no habrá convocatoria pública.
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Recurso contra la Comisión de Investigación a la Monarquía

El Consejo de Ministros ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional la Resolución del Parlamento de Cataluña de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía. La Resolución se impugna en su integridad, pues tanto el objeto de la misma como sus contenidos básicos son inconstitucionales.

"Este Gobierno no puede aceptar que, sin competencia alguna, se trate de investigar la figura del Jefe del Estado", ha dicho Carmen Calvo.

La vicepresidenta también ha informado de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley foral navarra que contraviene la legislación estatal acerca de la dispensación de las bolsas de plástico en los puntos de venta y las fechas establecidas para su prohibición.
Acuerdo fiscal y financiero para Gibraltar

España y Reino Unido han alcanzado un Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros en relación con Gibraltar, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.

Carmen Calvo ha destacado su importancia para "eliminar el fraude fiscal y dirimir los conflictos sobre la residencia fiscal", así como para evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.

El texto aprobado también establece un régimen de cooperación entre las autoridades competentes de las respectivas administraciones tributarias, y el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona.

Comisión Permanente contra la Desinformación

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre desinformación y la amenaza global que supone para la libertad y la democracia. Carmen Calvo ha afirmado que dar una respuesta al fenómeno de las "fake news" es fundamental porque está impidiendo el ejercicio del derecho constitucional a obtener información veraz, "que es la base sustantiva de cómo participamos los ciudadanos en las sociedades democráticas".

Por ello, ha continuado, España trabaja coordinadamente con el resto de países europeos en el Plan de Acción contra la Desinformación de la Comisión Europea, que ha creado un sistema de alertas rápidas para que la ciudadanía pueda recibir un desmentido casi instantáneo cuando se detecte una de estas informaciones.

En España, el Gobierno ha creado un grupo de trabajo interministerial, denominado Comisión Permanente contra la Desinformación, que será el enlace con Europa y que pondrá especial énfasis en el elemento reputacional de España vinculado a la crisis territorial en Cataluña y a los próximos procesos electorales.

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