Pagan la Banca (es un decir) y la Justicia

JESÚS ALONSO

Jesús AlonsoSi los caminos del Señor son inescrutables, los de la banca resultan incognoscibles. Así que ya puede, ya, el Gobierno de Pedro Sánchez, y el presidente en primera persona, jurar por el niñito Jesús que a partir de ahora serán los bancos quienes asuman el abono del impuesto de las hipotecas. Por mucho que el Boletín Oficial del Estado ponga negro sobre blanco el decreto ley que exime a los clientes del pago del tributo que en 2017 permitió a las comunidades autónomas recaudar ocho mil millones de euros, sabemos –a la fuerza ahorcan– que los pilares del sistema financiero disponen, desde mucho antes de que el jefe del Ejecutivo entonara la milonga, del plan perfecto para seguir endosando a los impositores la carga dineraria mediante innovadoras habilidades con raíces en el trile y demás malabarismos callejeros.

Será en aplicación de la teoría de la compensación o porque sabe que sabemos que los bancos, rescatados y no rescatados durante la crisis con unos fondos públicos que jamás volverán íntegramente al cofre del que salieron, no son precisamente oenegés, este Gobierno que en ocasiones parece ejercer sus funciones a golpe de chupito de orujo ha introducido a traición una novedad, respecto a lo anunciado por el Consejo de Ministros, que exime a Ana Botín y a sus homólogos de correr con los gastos inherentes a lo que pomposamente se denominan actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios que concedan al Estado, Iglesia y partidos políticos.

Ya veremos el alcance de esta aportación alevosa al jaleo propiciado por el Tribunal Supremo mediante resoluciones de quita y pon que han dejado su credibilidad y su autoproclamada inquebrantable independencia de los otros poderes, incluido el económico, a la altura del barro. Esta es la consecuencia más grave de una pauta de comportamiento que ha permitido tejer en su confortable entorno una telaraña de sospechas que ha vuelto a sacar a la calle la airada protesta de unos ciudadanos hartos de embustes, manipulaciones y clientelismos. A la Justicia solo le faltaba un escándalo de las dimensiones registradas en una de sus más altas instancias para que la credibilidad y la confianza quedaran hechas añicos.

Tal vez sus señorías, de forma corporativa, deberían pasar por la ITV para detectar anomalías funcionales, reponer piezas desgastadas y solventar emisiones contaminantes. Urge hacérselo mirar tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  que condena a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes separatistas vascos en aquella vista en la que la magistrada del caso abierto por el intento de reconstruir la Mesa Nacional de la ilegalizada Herri Batasuna falló por la base al mostrar una evidente animadversión hacia los procesados que, aunque humanamente lógica dada su catadura, fue conceptualmente reprochable.

Pero es que llueve sobre mojado. Decisiones de tribunales de países de la UE contra tipificaciones de delitos, peticiones y resoluciones que afectan al devenir de los procedimientos contra secesionistas catalanes son un jarro de agua fría contra la solidez argumental de la Justicia española que ha dado alas a los fugados y sus conmilitones. La inseguridad jurídica, o la insolvencia profesional, tuvo una de sus máximas expresiones en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que enmendaba la plana al Supremo y obligaba a los bancos a devolver el dinero ingresado por las cláusulas suelo. Esto y más, como el hecho de que la Audiencia de Barcelona haya considerado desproporcionado el uso de las fuerza por parte de la Guardia Civil en una localidad concreta de Barcelona durante el referéndum separatista, o la sentencia contra los integrantes de «La manada» cuya levedad sacó a la calle a cientos de miles de manifestantes y propició el despegue del movimiento feminista, son obstáculos en la recuperación de la confianza en una institución endogámica que no acaba de liberarse de la sombra de la instrumentalización política que siguen proyectando los partidos sobre los órganos de gobierno de los jueces y sus más elevadas magistraturas.

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